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Corridas de toros, Corte y Congreso: una historia de privilegios

Hemos insistido en que el negocio asociado a la tauromaquia, si bien ya no es tan promisorio como en otros tiempos, sigue siendo bastión de un Grupo Poderoso.


A principios de 2017, la Corte Constitucional dio al Congreso de la República un tiempo perentorio de dos años, para prohibir o regular los espectáculos crueles con animales, en una revisión de lo que entendió como una incoherencia legislativa, ya que en la ley que penaliza el maltrato animal, algunas de estas actividades fueron exceptuadas de sanción.

Poco más de un año después, la misma instancia, en revisión de una acción de nulidad interpuesta por la Corporación Taurina de Bogotá, decidió reversar la anterior decisión, retirando el tiempo perentorio, dejando que el Congreso pueda decidir en la materia, cuando prácticamente desee.

Ante esta nueva decisión de la Corte, el Semanario Virtual Caja de Herramientas, nos planteó estas cuestiones: ¿Cómo entender esa decisión? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué viene ahora para organizaciones defensoras de animales?

Debo decir que de una u otra forma, esperábamos la noticia, no por otra razón, sino porque conocemos los alcances del lobby taurino y el poder que éste tiene no solamente en el sector privado sino, claro está, en las tres ramas del poder público.

Y puede sonar esto a cantaleta típica de un activista, tal y como ha sucedido con otras causas desarrolladas a través de la historia, pero es una realidad presente SIEMPRE que se reta una arista del estatus quo.

Ya hemos manifestado en varias ocasiones cómo el negocio de la tauromaquia está asociado a sectores ganaderos dónde el despojo de tierras, la deforestación y otros dolores de cabeza para esta Nación son parte de su proceder.

Hemos insistido en que el negocio asociado a la tauromaquia, si bien ya no es tan promisorio como en otros tiempos, sigue siendo bastión de un Grupo Poderoso que sabe muy bien que si las corridas de toros (y espectáculos conexos) son prohibidos; su poderío como grupo puede llegar a cuestionarse, porque las corridas de toros no son más qué otro de los simbolismos de esa remembranza de la España seguramente franquista, conservadora y de la idea donde el juego del dominador y el dominado hacen parte de la lógica.

El reversazo de la Corte, es la correspondencia a los privilegios de los que siempre han gozado aquellos que han acomodado el ordenamiento jurídico y administrativo a sus intereses, como, por ejemplo, para ser uno de los únicos sectores exentos de pagar IVA o ser eventos públicos en los que el consumo de bebidas alcohólicas es permitido.

Tampoco dejaron que el constituye primario (el pueblo), en otro reversazo de la Corte, pueda ser consultado por medio de los mecanismos de participación ciudadana, para el tema.

Tampoco permitieron que las entidades territoriales, en la consabida descentralización que consagra la Constitución, pudieran prohibir estás prácticas.

Tampoco los estamentos atienden las observaciones que el Comité de Derechos del Niño de la ONU, le hizo a Colombia, para que los menores de edad sean alejados de dichos espectáculos, tanto como observadores, así como participantes en entrenamiento como toreros o corraleros.

En su nuevo fallo, la Corte Constitucional anula su propio fallo, (y esto también obedece a que los pocos Magistrados de corte progresista terminaron su periodo y ahora la instancia ha vuelto a ser compuesta por una mayoría de corte conservadora), aduciendo que no tiene la competencia para tomar la decisión.

Pero como bien plantea el jurista Ramiro Bejarano, es un “preocupante precedente, porque con ese argumento podrían invalidarse otras sentencias”de otras materias.

En esa medida, el dejar al Congreso la decisión, sin una restricción de tiempo, significa que el país queda a merced de que en esa instancia, compuesta mayoritariamente por personas cuyos ámbitos políticos están ligados a los negocios ganaderos, y donde han sido archivados un número considerable de iniciativas que buscan proscribir o debilitar estos espectáculos crueles; significa, miles de animales heridos, torturados, muertos, cientos de humanos heridos o muertos por accidentes en estas actividades (principalmente en corralejas) y el pésimo mensaje sobre dañar a quien puede ser dañado, un espectáculo.

Eso no significa que, desde la ciudadanía comprometida con dejar atrás la vulneración a la otredad, independiente de su especie, decline en sus acciones de movilización y gestión legislativa.

Por el contrario, mientras la Corte legaliza la tortura, nosotros y nosotras enfilamos más trabajo y nos preparamos por escenarios, de acuerdo como venga el falló, que será conocido en menos de dos meses.

Con el Fallo en nuestras manos, podremos definir una ruta estratégica. Sí, con dificultades, cómo estas luchas exigen, pero con la clara convicción de la justicia de la reivindicación y de que llegará el día en que podamos contarle a las nuevas generaciones que antes en el país eran permitidos tales actos despiadados contra seres sintientes.

Nos movilizaremos el próximo 21 de octubre, convocando a un Pacto Nacional por todos los Animales y seguiremos exigiendo al Congreso que le diga ALTO a la tortura.

Insisto, la estrategia legislativa deberá plantearse con el texto del Fallo, una vez publicado.

En estos días, un compañero manifestaba: “Mientras el mundo condena a Monsanto por usar glifosato, aquí ese veneno sigue siendo el eje de la lucha contra las drogas.

Mientras el mundo reconoce nuevos paradigmas familiares, aquí quieren un ministerio de la familia patriarcal. El uribismo nos ata a la premodernidad”.

A esto un tuitero agregó, que mientras en el mundo se cierran las puertas para el fracking en Colombia algunos poderosos hablan del “fracking responsable”.

A esto podemos agregar: que mientras en la mayor parte del mundo las corridas de toros y espectáculos conexos son actos ilegales, Colombia es uno de los ocho países donde continúan penosamente vigentes.

Esta columna fue publicada en la Edición 605 del semanario Caja de Herramientas de Viva La Ciudadanía.

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